Las empresas demandan soluciones que ayuden a evitar engaños y a cumplir las regulaciones

Para DEYDE, el concepto de fraude ya no se circunscribe únicamente al robo de dinero o a la usurpación ilícita de objetos, sino que alcanza a la disponibilidad de los datos como principal vehículo para ejecutar un fraude.

En este contexto, y dada la cantidad de información sensible que se encuentra digitalizada, los fraudes de solicitud, identidad, cuentas durmientes o simplemente solicitudes fraudulentas a través de dispositivos no identificables están a la orden del día.

A raíz de esta realidad y considerando que el fraude continúa en aumento, las empresas demandan soluciones tecnológicas que les ayuden a evitar estos engaños, pero también a cumplir con determinadas regulaciones nacionales e internacionales.

Es el caso del software MyDataQ de DEYDE, que permite mantener la información de las organizaciones completa, precisa, consistente, actualizada, única y válida, para ser un activo confiable.

"Claramente, la intención de quién comete un fraude es alcanzar un beneficio a través del engaño. Por ello, sus consecuencias pueden ser devastadoras para las empresas, tanto desde el punto de vista económico como reputacional", explica Elena Pastor, directora Legal de DEYDE.

"Cumpliendo con lo que las normativas de protección de datos llaman principio de veracidad, MyDataQ permite que los datos se correspondan con la realidad y estén actualizados”. explica.

Una base de datos que haya sido tratada con MyDataQ asegura a cualquier compañía la rápida identificación de sus clientes lo que es un pilar esencial de cualquier política preventiva y/o reactiva contra el fraude".

MyDataQ, calidad de datos en la lucha contra el fraude

Según el último informe sobre Tendencias del Fraude presentado por la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) entidad de la que DEYDE es asociado, un 70% de las empresas coincide en señalar que el fraude ha aumentado en el último año. Asimismo, un estudio de PwC pone de manifiesto que más de la mitad de las empresas españolas (54%) reconoce haber sido víctima de algún delito económico desde 2016.