En julio de 2010, en el contexto de la adquisición por Telefónica del operador brasileño de telefonía móvil Vivo, que hasta entonces era propiedad conjunta de ambas partes, éstas incluyeron una cláusula en el contrato en la que indicaban que no competirían entre sí en España y Portugal a partir de finales de septiembre de 2010. Las partes pusieron término al acuerdo de no competencia a principios de febrero de 2011, después de que la Comisión hubiera incoado un procedimiento de defensa de la competencia.

"La Comisión está comprometida en conseguir la creación de un auténtico mercado único en el sector de las telecomunicaciones. No toleraremos prácticas anticompetitivas por parte de los operadores históricos para proteger sus mercados nacionales, ya que perjudican a los consumidores y retrasan la integración del mercado", declara Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión responsable de la política de competencia.

En vez de competir entre sí para ofrecer a los clientes las condiciones más ventajosas, tal como se espera que ocurra en un mercado abierto y competitivo, Telefónica y Portugal Telecom acordaron deliberadamente quedarse fuera del mercado nacional del otro. Al mantener el statu quo en España y Portugal, el acuerdo impedía el proceso de integración del sector de las telecomunicaciones en la UE.

Para fijar la cuantía de las multas la Comisión tuvo en cuenta la duración de la infracción (4 meses) y su gravedad, incluido el hecho de que las partes no mantuvieran en secreto el acuerdo. La Comisión también tuvo en cuenta como circunstancia atenuante el hecho de que el acuerdo no tuviera mucha duración.