En el caso del mercado de líneas terminales (utilizadas para dar servicio a clientes empresariales y conectar estaciones de telefonía móvil), la CMT propone mantener la regulación al entender que no existe competencia efectiva.

Por su parte, para el mercado de líneas troncales (empleadas por los operadores alternativos para construir su red troncal) la CMT ha propuesto desregular la ruta de cable submarino que une la Península con Canarias al considerar que no se justifica la existencia de obligaciones regulatorias, ya que, desde mediados de 2011, están operativos en esa zona dos sistemas de cable submarino alternativos a los de Telefónica y se prevé que en los próximos años se tienda hacia la competencia efectiva.

La ruta Península-Canarias se espera que quede desregulada en el plazo de seis meses desde la aprobación de la nueva regulación y que los dos sistemas de cable submarino alternativos a Telefónica, Canalink y WACS, operativos desde 2011, aumenten la presión competitiva y reduzcan los precios minoristas. De hecho, desde la última revisión del mercado se ha apreciado ya una mejora de la situación competitiva de los servicios de comunicaciones electrónicas en las islas de Gran Canaria y Tenerife. En este sentido, han destacado la apertura de centrales bucle por parte de los principales operadores alternativos y el despliegue de la tecnología DOCSIS 3.0 por parte de ONO.

Líneas alquiladas terminales: se mantiene la regulación

En el caso de las líneas alquiladas terminales, el análisis de la CMT determina que no existe competencia efectiva en el mercado al por mayor y designa a Telefónica como operador con poder significativo de mercado con una cuota del 70% en términos de líneas. Por tanto, propone continuar con las obligaciones impuestas a Telefónica en materia de acceso, transparencia (publicación de una oferta de referencia) y no discriminación, así como diferentes obligaciones contables y de control de precios.

Esta resolución no es todavía definitiva y está abierta a la consulta pública del sector, a la que pueden realizar alegaciones los operadores y demás agentes. Además, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en una primera fase, y la Comisión Europea, posteriormente, también deben pronunciarse al respecto.