Según la BSA, en la Comunidad de Madrid el 32% de los programas informáticos instalados en los sistemas informáticos de las empresas es ilegal, al carecer de la correspondiente licencia del propietario, según se desprende del último estudio disponible sobre piratería de software por Comunidades Autónomas en España realizado por la consultora IDC.

Además, Madrid es la cuarta ciudad, tras Málaga, Bilbao y Valencia, en la que BSA realiza una campaña de este tipo ante la gravedad de las consecuencias legales que se derivan de la modificación del Código Penal que ha entrado en vigor recientemente, entre ellas, la responsabilidad penal de los administradores, que podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión, además de tener que afrontar multas similares a las previstas para las personas jurídicas.

En 2014, las empresas que fueron denunciadas e investigadas por uso de software ilegal tuvieron que afrontar multas e indemnizaciones que en su conjunto superaron los 800.000 euros, un 17% más que en 2013.

Para el responsable legal de BSA en España, Carlos Pérez, “muchos responsables de informática, directivos y empresarios desconocen que pueden estar incurriendo en serios riesgos al gestionar de forma errónea sus activos de software. Con esta iniciativa queremos desterrar la idea de que usar software sin licencia es más barato, y concienciar a más empresas de que pueden obtener mucho más valor del software si lo hacen de forma legal”.

Consecuencias económicas y penales

Desde el pasado 1 de julio, el Código Penal modifica gran parte de su articulado y amplía determinadas conductas que pueden suponer la comisión de un delito por el uso de obras, productos o servicios sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, como en el caso del software. Además de las consecuencias penales para sus responsables, las organizaciones (personas jurídicas) pueden enfrentarse a las siguientes penas:

• Multas por cuotas o proporcional que pueden ascender a los 280.000 Euros
• Disolución de la persona jurídica
• Suspensión de sus actividades
• Clausura de locales y establecimientos
• Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito
• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para tener beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social
• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de trabajadores o acreedores

La campaña puesta en marcha por la BSA cuenta con una página web y una línea de atención telefónica (900 834 947) para que empresas y directivos se informen sobre las ventajas del uso de software legal y las consecuencias operativas y legales asociadas a la instalación y uso sin licencia.Más información en www.leysoftware.net