Por este motivo, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha solicitado al Secretario de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, reiniciar la tramitación de este proyecto de Real Decreto, en una convocatoria que cuente con las comunidades autónomas. En este sentido, el consejero ha exigido que se convoque el Pleno de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) para tratar esta cuestión.

Según Jiménez Barrios, el Gobierno central ha adoptado este plan sin reunirse con las autonomías –representadas en el pleno del CATSI-, ni tener en cuenta las alegaciones que Andalucía realizó en 2012 al primer borrador del Real Decreto. En su opinión, las decisiones previstas en el borrador actual afectan a la distribución de competencias entre el Estado y Andalucía y contiene medidas que dañan grave y directamente a las competencias de la comunidad en materia de comunicación social.

En este sentido, lamenta que una de las iniciativas propuestas sea la eliminación de uno de los multiplex autonómicos, previsto en el mencionado Plan Técnico Nacional. El consejero ha explicado que esta medida supone una intromisión competencial del Estado en el ámbito audiovisual andaluz, al tiempo que limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria, impidiendo la coexistencia en el territorio andaluz de proyectos empresariales públicos y privados diversos.

Del mismo modo, ha apuntado que esta supresión supone un tratamiento discriminatorio para la comunidad autónoma, ya que el borrador permite a Cataluña la disposición de un multiplex adicional privado, mientras que le arrebata a Andalucía esa posibilidad de contar con un segundo multiplex privado.

Por otra parte, la Junta reclama al Estado tener competencias para gestionar la documentación de los prestadores autonómicos y locales del servicio de televisión y para mediar en los conflictos de gestión que surgieran entre las entidades que participan en los canales múltiples de la comunidad.

Finalmente, el proyecto también regula algunos aspectos para la liberación del dividendo digital, sobre el que el Gobierno andaluz considera imprescindible el establecimiento de las compensaciones económicas a la ciudadanía para su implantación, tal y como recoge el plan nacional de actuaciones para la liberación del dividendo digital.