El pasado 15 de enero, después de dos años de trabajo de hasta ochos comisiones y la resolución de más de 2.500 enmiendas, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó las Directivas europeas que formarán la base para la legislación de Contratación Pública en sus estados miembros. 

Estás nuevas directivas afectan al 19% del PIB anual de la UE, a día de hoy unos 25.000 Millones de Euros, e impactan fuertemente en las formas de relación que han tenido hasta ahora los ciudadanos y las empresas con las Administraciones Públicas.

Las directivas reflejan una manera de contratar más innovadora y respetuosa con las exigencias medioambientales y sociales, así como la potenciación de la colaboración público / privada. Además, para facilitar el acceso a las pymes, se ha simplificado el proceso de licitación y se permiten también la presentación de ofertas a asociaciones temporales de empresas. 

Las directivas europeas de contratación pública imponen la obligatoriedad de ejecutar los procedimientos de forma electrónica desde su inicio hasta su finalización. Este procedimiento reduce los costes y, gracias a su transparencia, proporciona mayor control frente a la corrupción.

Otra ventaja de la contratación electrónica es que facilita el acceso de cualquier empresa a la presentación de un concurso o licitación, independientemente de su tamaño y ubicación geográfica, dentro del ámbito de la Comunidad Europea.

La implantación de la Contratación Pública Electrónica se hará en el plazo máximo de 30 meses desde la entrada en vigor de la legislación de cada uno de los países miembros.