Esta iniciativa responde a la convicción de que la transformación digital de la economía es un fenómeno de cambio estructural que exige una implicación activa de los poderes públicos garantizando que los cambios se producen de manera ordenada y coherente con los principios y valores que definen el interés general. La iniciativa encaja además con las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales.

En ese sentido, según el ministerio de Economía, “la nueva regulación pretende favorecer el proceso innovador eliminando obstáculos y articulando cauces ágiles y transparentes de colaboración entre las autoridades públicas y la iniciativa privada como motor principal de la innovación”.

Al mismo tiempo, se preservan los principios configuradores de la política financiera, asegurando que la transformación digital no afecta al nivel de protección a la clientela de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni facilita de ningún modo la utilización del sistema financiero para fines ilícitos.

Respecto a la principal de las medidas contempladas en el anteproyecto, el "Sandbox" o espacio controlado de pruebas, existe consenso internacional en considerar que este tipo de instrumentos puede ser de utilidad para todos los actores, y, en especial, para supervisores y legisladores en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a su funcionamiento, se prevé que las pruebas se realicen bajo tres condiciones:

1. Vigilancia de las autoridades competentes, en particular los supervisores financieros
2. Delimitación previa del alcance, duración y características de las pruebas
3. Máxima garantía para los participantes cuando la realización de las pruebas requiere la participación de clientes reales